Desde el 1 de enero de 2026, las Zonas de Bajas Emisiones han dejado de ser una promesa regulatoria para convertirse en una restricción operativa real en más de 150 ciudades españolas. Para las empresas con flota propia, esto ya no es una cuestión de sostenibilidad: es una cuestión de acceso. Una furgoneta diésel sin etiqueta ambiental puede no poder entrar a repartir en el centro de Madrid, Barcelona o Valencia. La electrificación de flotas ha pasado de ser una ventaja competitiva a ser, en muchos casos, un requisito para seguir operando.
Por qué las Zonas de Bajas Emisiones están acelerando la electrificación de flotas en España
La Ley de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE en diciembre de 2025, ha entrado en su fase de despliegue efectivo en 2026. Obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar ZBE con restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes y exige a los centros de trabajo con más de 200 empleados disponer de Planes de Movilidad al Trabajo en un plazo de 24 meses desde su publicación.
Para las empresas con actividad urbana recurrente, ya sea en servicios, ventas o distribución de última milla, el impacto es directo. Un vehículo sin etiqueta B, C o cero emisiones puede quedar excluido de las zonas de mayor densidad comercial en las principales ciudades. La movilidad eléctrica en España y su generación de empleo está transformando también el tejido industrial que da soporte a estas flotas.
Qué empresas se ven afectadas por las ZBE de Madrid, Barcelona y Valencia
Madrid mantiene su ZBE Madrid Central y ha extendido las restricciones a otros distritos, con prohibiciones de circulación para vehículos sin distintivo ambiental en horario comercial. Barcelona aplica restricciones en la Zona de Bajas Emisiones que afecta a todo el municipio durante días de episodio de contaminación y prevé ampliar las restricciones permanentes. Valencia ha activado su propia ZBE con foco en el área central de la ciudad.
Las empresas más afectadas son las del sector logístico de última milla, las de servicios técnicos con desplazamiento urbano frecuente, las de distribución alimentaria y las de comercio con reparto propio. En todos estos casos, la flota no es solo un activo: es el medio de producción. Que un vehículo no pueda circular en la zona donde opera la empresa tiene consecuencias inmediatas sobre la capacidad de generar ingresos.
Coste real de una flota eléctrica frente a una de combustión: más allá del precio de compra
El principal freno psicológico a la electrificación de flotas es el precio de adquisición. Un vehículo eléctrico cuesta entre un 20% y un 40% más que su equivalente de combustión en el momento de la compra. Pero esa comparación ignora el coste total de propiedad, que es el único indicador relevante para una decisión empresarial.
El gasto energético de un vehículo eléctrico es hasta un 70% inferior al de uno de combustión. El mantenimiento se reduce más de un 40%, al eliminar cambios de aceite, filtros, embrague, escape y buena parte de los componentes que generan averías en motores térmicos. Combinados, estos factores hacen que el coste operativo anual de un eléctrico sea significativamente menor, especialmente en flotas con alta intensidad de uso urbano.
Coste por kilómetro, mantenimiento y tiempo de amortización en uso real
En uso urbano intensivo, con recorridos medios de entre 80 y 150 km diarios y carga nocturna en instalaciones propias a tarifa valle, el coste por kilómetro de un vehículo eléctrico puede situarse entre 0,04 y 0,07 €/km frente a los 0,12 y 0,18 €/km de un diésel equivalente. Con estas cifras, el sobrecoste de adquisición se amortiza en entre tres y cinco años en uso intensivo, y en menos tiempo si se combinan las ayudas del MOVES Flotas Plus con la deducción en el Impuesto de Sociedades.
El renting eléctrico, que creció un 65% hasta abril de 2025, permite además trasladar el coste de adquisición a una cuota mensual predecible, eliminando la necesidad de inmovilizar capital y facilitando la renovación tecnológica de la flota sin compromisos de largo plazo sobre modelos que evolucionan rápidamente.
Fiscalidad de los vehículos eléctricos de empresa: IS, IRPF y Plan MOVES Flotas
La fiscalidad es uno de los argumentos más sólidos para la electrificación de flotas empresariales y, paradójicamente, uno de los menos conocidos entre los responsables de compras y administración de las empresas medianas.
Deducción en el Impuesto de Sociedades y retribución en especie para el empleado
Las empresas que adquieren vehículos eléctricos nuevos para su flota pueden aplicar una deducción del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el precio de adquisición. Esta deducción es acumulable con las ayudas directas del MOVES, lo que puede suponer un ahorro total superior al 30% del valor del vehículo combinando ambos instrumentos.
Cuando el vehículo eléctrico se cede al empleado para uso mixto, la retribución en especie tributa de forma más ventajosa que con un vehículo de combustión. La base imponible de la retribución en especie para vehículos eléctricos se calcula sobre el 20% del coste de adquisición, frente al 20% habitual, pero con una reducción del 30% aplicable a los vehículos de cero emisiones. El resultado es que un empleado que usa un eléctrico de empresa paga menos IRPF por ese beneficio que si usara un diésel equivalente, lo que convierte la flota eléctrica en un instrumento de retribución flexible más eficiente fiscalmente. El coche eléctrico y su tratamiento en el IRPF tiene implicaciones que van más allá de la flota empresarial y afectan también a los autónomos y profesionales.
Plan MOVES Flotas Plus: hasta 70 millones para empresas con flota en varias comunidades
El programa MOVES Flotas Plus, aprobado mediante Orden TED/1478/2025 y con una convocatoria abierta desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 10 de febrero de 2026, dotó con 50 millones de euros a proyectos integrales de electrificación de flotas que operen en más de una comunidad autónoma. Las actuaciones subvencionables incluyen la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, la instalación de infraestructura de recarga, sistemas de gestión inteligente de flotas, retrofit de vehículos de combustión a eléctricos y estudios de viabilidad. Los beneficiarios son empresas públicas o privadas con presencia en al menos dos comunidades autónomas. La gestión es centralizada a través del IDAE, con ventanilla única nacional. Las ayudas disponibles para el coche eléctrico en 2025 complementan estas líneas específicas para flotas.
Cómo afecta la electrificación de la flota a la tarifa eléctrica de la empresa
Instalar cargadores para una flota de vehículos eléctricos no es solo una decisión de infraestructura: es una decisión energética con impacto directo en la factura de la luz. Si no se gestiona correctamente, la carga simultánea de varios vehículos puede disparar los picos de demanda y generar penalizaciones por exceso de potencia que anulen parte del ahorro en combustible.
Revisar la potencia contratada y la tarifa 3.0TD antes de instalar los cargadores
Las empresas con consumo eléctrico superior a 15 kW están en tarifa 3.0TD, que divide el día en seis periodos tarifarios con precios diferenciados por potencia y energía. Antes de instalar cargadores, es imprescindible revisar la potencia contratada en cada periodo y analizar si la suma de la demanda existente más la carga de vehículos supera los límites contratados. Un solo cargador de 22 kW cargando simultáneamente con la maquinaria de producción puede generar penalizaciones significativas si no se ha dimensionado correctamente la potencia del contrato. La tarifa eléctrica para la industria y su estructura de periodos es el punto de partida para cualquier planificación de infraestructura de recarga empresarial.
Carga en horas valle y smart charging: cómo reducir el impacto en la factura
La mayor parte de las flotas empresariales tienen una ventana de inactividad nocturna de entre seis y ocho horas, que coincide con el periodo valle de la tarifa 3.0TD, el más barato del día. Configurar los cargadores para iniciar la carga automáticamente en ese periodo y distribuirla de forma escalonada entre los vehículos permite reducir el coste energético de la recarga entre un 40% y un 60% respecto a cargar en horas punta.
Los sistemas de smart charging o carga inteligente gestionan automáticamente esta distribución, priorizando vehículos según su estado de carga y su horario de salida previsto, y limitando la potencia total demandada para evitar picos. Para flotas que combinan la recarga nocturna con autoconsumo solar durante el día, el smart charging también puede priorizar la carga en las horas de mayor producción fotovoltaica, optimizando el uso de la energía propia antes de importar de la red.
Flotas eléctricas y reporting ESG: qué exige la CSRD a las empresas sobre emisiones en movilidad
La Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) establece la obligación de reportar emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las de Alcance 3, que engloban las emisiones indirectas de la cadena de valor. Las emisiones de la flota propia son Alcance 1 cuando los vehículos son de propiedad de la empresa, y Alcance 3 cuando se trata de vehículos de empleados o proveedores de transporte.
Tras la aprobación del paquete Ómnibus I en diciembre de 2025, los plazos de aplicación de la CSRD se han pospuesto dos años para las empresas de la segunda y tercera ola. Las grandes empresas que no estaban previamente sujetas al NFRD y que cumplen al menos dos de estos tres criterios, más de 250 empleados, más de 50 millones de euros de facturación o más de 25 millones en activos, deberán reportar para el ejercicio 2027 con publicación en 2028. Sin embargo, muchas empresas medianas están recibiendo ya solicitudes de datos de emisiones de sus clientes corporativos, que sí están obligados a reportar y necesitan información de su cadena de valor para completar su Alcance 3.
En este contexto, electrificar la flota no solo reduce las emisiones reales: simplifica el reporting. Un vehículo eléctrico cargado con electricidad de origen renovable certificada tiene emisiones directas prácticamente nulas, lo que reduce la carga de cálculo y mejora los indicadores ESRS E1 del informe de sostenibilidad. Las empresas que anticipen esta transición tendrán una ventaja diferencial cuando la obligación de reporting se generalice, y evitarán tener que justificar ante clientes y auditores una flota de combustión en un entorno donde las tendencias de movilidad eléctrica apuntan a una aceleración sin retorno.



